Los trémulos cimientos del ‘plan Juncker’

Tras semanas de negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo, el parlamento europeo adoptó el 24 de junio el texto que establece el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), instrumento neurálgico del plan de inversiones del presidente de la Comisión.

El objetivo del plan (abordar la drástica caída de las inversiones que afecta a Europa desde el principio de la crisis) es sin duda loable. El nivel anual de inversiones en la UE se sitúa actualmente un 10% por debajo de su tendencia sostenible a largo plazo, lo que supone una losa importante para el empleo y el crecimiento, y frena el potencial de crecimiento de Europa a largo plazo. En ese sentido, el plan es un paso en la dirección correcta. El presidente Juncker ha recalcado la inversión como una de sus grandes prioridades y el plan de inversiones fue el primer proyecto bandera de la nueva Comisión. Aun así, el plan se apoya en dos pilares trémulos: la reorganización de una pequeña cantidad de fondos y la asunción de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) será capaz de alejarse de su cultura adversa al riesgo para financiar proyectos de alto riesgo y rendimiento.

Desde el punto de vista económico, la respuesta óptima a la caída de las inversiones habría sido un plan masivo de inversiones públicas europeas que aprovechara los tipos de interés en mínimos históricos. Al contrario, la solución propuesta por la Comisión indica que la mayoría de los Estados miembros no tienen ganas de establecer un plan así y eso se refleja en la pequeña cantidad de dinero en juego. Los fondos destinados al proyecto bandera de inversiones de la Comisión se reducen a 8.000 millones de euros del presupuesto de la UE y 5.000 millones de euros del BEI, y se supone que generarán otros 315.000 millones de euros en inversión privada en los tres próximos años. Pero el plan no cuenta con dinero nuevo: la aportación de 5.000 millones de euros del BEI procede de beneficios antiguos, que se habrían usado igual para financiar proyectos nuevos, y los 8.000 millones de la reorganización de los presupuestos de la UE de 2015 a 2020 se extraerán sobre todo de los grandes programas de I+D e infraestructuras de transporte de la UE. Además de denotar la poca fe de la Comisión en sus propios programas, surgen costes de oportunidad importantes de sacar dinero de estos programas y depositarlo gradualmente en un fondo de garantías que puede o no usarse para compensar al BEI por pérdidas potenciales.

Dada la limitación de los fondos implicados, la idea inicial de la Comisión era emplearlos para ofrecer garantías a inversores privados adversos al riesgo y animarles a financiar inversiones de más riesgo. Cuando se desveló el plan parecía una idea astuta, siempre y cuando se ofreciese la garantía a inversiones que no encontraran financiación. Sin embargo, si nos fijamos en los detalles del plan, hay buenas razones para ser escéptico sobre su impacto en el crecimiento y el empleo. Primero, aunque el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) se presente como un fondo auténtico, será solo una etiqueta para nuevos activos del BEI. Esa etiqueta se otorgará a proyectos que el BEI se había negado a financiar por considerarlos demasiado arriesgados y que ahora se beneficiarán de la garantía de la UE (aunque el BEI está bien capitalizado en estos momentos y ya se beneficia de una garantía de todos los estados miembros de la UE).

En consecuencia, el plan adoptado se basa en el audaz supuesto de que la creación del FEIE conducirá a un cambio en la forma en que el BEI opera. Tanto es así que, para que el plan sea efectivo, el BEI tendrá que asumir más riesgos y alejarse de su selección de proyectos excesivamente prudente y financiar proyectos viables que no consigan financiación a día de hoy. Además, el plan asume que el BEI aceptará exponerse más que sus co-financieros para reducir notablemente los riesgos asumidos por los inversores privados. El BEI deberá asimismo financiar una parte más pequeña de cada proyecto para no dejar fuera a los inversores privados. La participación actual del BEI, entre un tercio y la mitad, disminuiría a una quinta parte hasta llegar al multiplicador de 15 que asume el plan y alcanzar los 315.000 millones de euros prometidos. Si se cumplen estas condiciones, incluso si el plan Juncker no resulta ser el gran plan de inversión que se ha vendido al público, estimularía al menos un cambio bienvenido en la forma en que el BEI funciona. Dicho eso, un mero recordatorio del consejo de gobernadores del banco (formado por todos los ministros de hacienda de la UE) sobre la misión esencial de la entidad de emplear sus recursos para limar fallos del mercado podría haber bastado para que se produjese el cambio, sin la necesidad de involucrar a la Comisión o el presupuesto europeo. En general, la Comisión, al depender de la disposición del BEI a cooperar totalmente, se ha arriesgado a que su plan bandera de inversión no sea el agente transformador anunciado y a que sus repercusiones en términos de crecimiento y empleo sean muy limitadas.